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Recibir una notificación de la Policía Nacional comunicando la apertura de un expediente de expulsión puede generar miedo e incertidumbre. Especialmente cuando una persona lleva años viviendo en España, tiene familia, trabaja o está intentando regularizar su situación.

Sin embargo, tener un expediente de expulsión no significa necesariamente que vaya a ser expulsado de España.

La Administración debe respetar un procedimiento legal, justificar su decisión y garantizar el derecho de defensa.

Además, no todas las expulsiones tienen las mismas causas ni se tramitan de la misma manera. Algunas permiten presentar alegaciones en un plazo muy breve, mientras que otras contemplan un procedimiento más amplio.

En MIOPCIONLEGAL ABOGADOS defendemos a personas extranjeras frente a expedientes de expulsión, recursos administrativos y procedimientos judiciales.

1. ¿POR QUÉ PUEDEN EXPULSAR A UNA PERSONA EXTRANJERA DE ESPAÑA?

La Ley Orgánica 4/2000, conocida como Ley de Extranjería, contempla diferentes situaciones que pueden dar lugar a una expulsión administrativa.

Entre ellas se encuentran:

• Permanecer en España sin una autorización de residencia o estancia válida, en los supuestos previstos legalmente.
• Determinadas infracciones graves o muy graves en materia de extranjería.
• La concurrencia de determinadas condenas penales, conforme al artículo 57.2 de la Ley de Extranjería.

Es importante diferenciar estas situaciones, porque no es lo mismo una expulsión por estancia irregular que una expulsión relacionada con una condena penal.

Además, existen supuestos de expulsión penal acordada judicialmente conforme al Código Penal, que siguen reglas distintas.

2. ¿ME PUEDEN EXPULSAR SIMPLEMENTE POR ESTAR SIN PAPELES?

La estancia irregular constituye una infracción administrativa, pero no significa que toda persona sin autorización de residencia deba ser expulsada automáticamente.

El artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000 considera infracción grave encontrarse irregularmente en territorio español.

Sin embargo, la expulsión debe respetar las exigencias legales de motivación y proporcionalidad.

La jurisprudencia ha establecido que, en los procedimientos basados en la mera estancia irregular, deben valorarse las circunstancias concurrentes y la existencia de factores adicionales que justifiquen la medida de expulsión.

Por tanto, la Administración no puede tratar todas las situaciones de la misma manera.

La existencia de familiares en España, el arraigo, las circunstancias personales y la situación administrativa concreta pueden ser relevantes para la defensa.

Cada expediente debe analizarse individualmente.

Normativa: artículos 53.1.a), 55 y 57 de la Ley Orgánica 4/2000.

3. ¿QUÉ TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN EXISTEN?

En materia de expulsión administrativa destacan dos procedimientos:

Procedimiento ordinario

Es el procedimiento que ofrece una tramitación más amplia y contempla, cuando se acuerda la expulsión, un plazo de salida voluntaria.

Procedimiento preferente

Es un procedimiento de tramitación acelerada que se utiliza en determinados supuestos previstos legalmente.

En el procedimiento preferente, el plazo inicial para presentar alegaciones es de solo 48 horas.

La diferencia es fundamental: una expulsión acordada por el procedimiento preferente puede ejecutarse inmediatamente después de notificarse, mientras que el procedimiento ordinario contempla un plazo de cumplimiento voluntario.

4. PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE EXPULSIÓN: ¿CÓMO FUNCIONA?

El procedimiento comienza con la notificación de un acuerdo de iniciación.

En ese documento se identifican los hechos atribuidos a la persona extranjera, la infracción presuntamente cometida y la posible sanción.

El interesado puede formular alegaciones, presentar documentación y proponer pruebas.

Durante la tramitación pueden existir distintas actuaciones, incluida la formulación de una propuesta de resolución y el correspondiente trámite de audiencia.

Finalmente, la Administración dicta una resolución motivada.

¿QUÉ OCURRE SI SE ACUERDA LA EXPULSIÓN?

En el procedimiento ordinario, la resolución debe establecer un plazo de salida voluntaria, generalmente comprendido entre 7 y 30 días.

El plazo inferior a 15 días tiene carácter excepcional y debe motivarse.

También puede solicitarse una ampliación del plazo de salida voluntaria cuando concurran circunstancias que lo justifiquen.

Por ejemplo, pueden ser relevantes la duración de la estancia en España, la existencia de hijos escolarizados o determinados vínculos familiares y sociales.

7. PROCEDIMIENTO PREFERENTE: ¿POR QUÉ ES ESPECIALMENTE URGENTE?

El procedimiento preferente puede utilizarse, entre otros supuestos, cuando se aprecian circunstancias legalmente previstas, como riesgo de incomparecencia, dificultades para ejecutar la expulsión o riesgos para el orden público.

No basta con que la Administración prefiera tramitar el expediente rápidamente. Deben concurrir los requisitos legales correspondientes.

¿QUÉ PLAZO TENGO PARA DEFENDERME?

Solo 48 horas para presentar las alegaciones iniciales.

Durante ese tiempo es importante revisar la documentación, comprobar los motivos del expediente y aportar las pruebas disponibles.

La persona extranjera tiene derecho a asistencia letrada y, cuando corresponda, a intérprete.

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS?

La Administración examina las alegaciones y pruebas conforme a los trámites legalmente previstos.

Si finalmente dicta una resolución de expulsión, esta puede ser ejecutiva inmediatamente después de su notificación.

Por eso, si le han notificado un procedimiento preferente, es fundamental contactar urgentemente con un abogado.

Normativa: artículos 233 a 235 del Real Decreto 1155/2024.

6. ¿QUÉ PASA SI YA ME HAN NOTIFICADO UNA ORDEN DE EXPULSIÓN?

La defensa no termina necesariamente con la resolución administrativa.

Dependiendo del caso, pueden existir distintas posibilidades:

• Presentar un recurso potestativo de reposición.
• Acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
• Solicitar medidas cautelares para intentar suspender la ejecución.
• Impugnar una sentencia desfavorable mediante los recursos judiciales que legalmente procedan.

Lo importante es actuar antes de que transcurran los plazos y valorar el riesgo de ejecución de la expulsión.

Presentar un recurso no significa que la expulsión quede automáticamente suspendida.

7. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE UNA ORDEN DE EXPULSIÓN?

Una expulsión administrativa puede tener consecuencias importantes.

Entre ellas:

• La obligación de abandonar España.
• Una prohibición de entrada durante el período legalmente establecido.
• Posibles efectos sobre autorizaciones de residencia o procedimientos de extranjería.
• La posibilidad de ejecución forzosa cuando concurran los requisitos legales.

Por eso es importante estudiar tanto la legalidad de la expulsión como sus consecuencias personales y familiares.

8. ¿PUEDO EVITAR UNA EXPULSIÓN SI TENGO FAMILIA O ARRAIGO EN ESPAÑA?

La existencia de familiares, hijos, vínculos sociales o circunstancias de arraigo puede resultar relevante.

Sin embargo, no significa que toda expulsión deba archivarse automáticamente.

Será necesario estudiar la situación familiar, las circunstancias personales, los motivos de la expulsión y las normas aplicables.

En determinados casos también puede resultar conveniente examinar si existen vías de regularización o circunstancias excepcionales que puedan afectar al expediente.

¿LE HAN ABIERTO UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN? PODEMOS AYUDARLE

En MIOPCIONLEGAL ABOGADOS estudiamos expedientes de expulsión administrativa, procedimientos ordinarios y preferentes, recursos de reposición y procedimientos contencioso-administrativos.

También examinamos las posibilidades de solicitar medidas cautelares para proteger los derechos de nuestros clientes cuando existe riesgo de ejecución de la expulsión.

Si ha recibido una notificación policial, un acuerdo de iniciación o una resolución de expulsión, no espere.

Envíenos el documento completo y la fecha de notificación para que podamos valorar las opciones de defensa.

Miopcionlegal Abogados — Barcelona, Mallorca y asistencia jurídica en toda España.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos días tengo para presentar alegaciones?

Depende del procedimiento:

• Procedimiento ordinario: 15 días para presentar alegaciones iniciales, documentación y proponer pruebas. Si posteriormente se notifica una propuesta de resolución, se concede, con carácter general, otro plazo de 15 días para alegar.
• Procedimiento preferente: 48 horas para las alegaciones iniciales. Según la tramitación y las pruebas propuestas, pueden existir actuaciones y trámites posteriores.

Los plazos se cuentan conforme a las reglas aplicables a cada procedimiento. Es importante revisar inmediatamente la notificación.

Normativa: artículos 227, 231 y 234 del Real Decreto 1155/2024.

¿Pueden detenerme por estar en situación irregular?

La situación irregular puede dar lugar a actuaciones policiales y, en los supuestos legalmente previstos, a medidas de detención vinculadas a un expediente de expulsión.

Sin embargo, toda privación de libertad debe respetar las garantías legales.

La persona detenida tiene derecho a asistencia letrada y a conocer los motivos de su detención.

¿Pueden ingresarme en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)?

En determinados procedimientos preferentes puede solicitarse judicialmente el internamiento cuando concurran los requisitos legales.

El internamiento requiere autorización judicial y no puede superar los 60 días.

No es una medida automática ni puede imponerse simplemente porque una persona carezca de autorización de residencia.

En un procedimiento ordinario no puede acordarse el internamiento como medida cautelar de ese expediente.

Normativa: artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000 y artículos 234 y 243 del Real Decreto 1155/2024.

¿Cuánto tarda la Administración en resolver el expediente?

El plazo máximo general para resolver y notificar el procedimiento sancionador es de seis meses, con las particularidades y posibles suspensiones legalmente previstas.

Si transcurre el plazo máximo sin que se haya notificado una resolución válida, puede producirse la caducidad del procedimiento.

La caducidad no significa necesariamente que la Administración no pueda iniciar otro expediente si la infracción no ha prescrito.

¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una orden de expulsión?

Cuando la resolución pone fin a la vía administrativa, existen dos vías habituales:

Recurso potestativo de reposición: un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa.

Recurso contencioso-administrativo directo: generalmente dos meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa.

La reposición es potestativa: no es obligatorio presentarla antes de acudir al juzgado.

Si se interpone reposición, habrá que esperar a su resolución expresa o desestimación presunta antes de acudir a la vía judicial.

Normativa: artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 y artículo 46 de la Ley 29/1998.

¿Qué ocurre si presento reposición y la Administración la desestima?

Todavía puede acudir a los tribunales.

Si la Administración desestima expresamente el recurso de reposición, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, generalmente en el plazo de dos meses desde la notificación.

Si no resuelve en el plazo de un mes, se produce la desestimación presunta que permite acudir a la vía judicial, teniendo en cuenta las reglas y la jurisprudencia aplicables al silencio administrativo.

No es posible presentar una segunda reposición contra la resolución de la primera.

¿Y si el juez también rechaza mi recurso?

La defensa no siempre termina con la primera sentencia.

Dependiendo del procedimiento, la cuantía, la materia y el órgano judicial, puede existir la posibilidad de interponer recurso de apelación.

Posteriormente, en los casos que cumplan los requisitos legales, podrá examinarse la posibilidad de un recurso de casación ante el tribunal competente.

Estos recursos no son automáticos: dependen de la resolución dictada y de los requisitos procesales correspondientes.

¿Puedo solicitar que no me expulsen mientras recurro?

Sí. En determinados casos puede solicitarse la suspensión de la expulsión mediante medidas cautelares judiciales.

Si existe una situación de especial urgencia, también puede examinarse la solicitud de medidas cautelarísimas.

El objetivo es evitar que la expulsión se ejecute antes de que el órgano judicial pueda examinar adecuadamente el recurso.

Presentar un recurso no suspende automáticamente la expulsión. La solicitud de medidas cautelares debe estar debidamente fundamentada y será el órgano competente quien decida.

Normativa: artículos 129, 130 y 135 de la Ley 29/1998.

¿Qué ocurre si no recurro una orden de expulsión?

Si transcurren los plazos sin recurrir, la resolución puede adquirir firmeza y quedar cerradas las vías ordinarias de impugnación.

Esto puede facilitar su ejecución y dificultar posteriormente la defensa.

Además, la expulsión puede llevar aparejada una prohibición de entrada en España y otros territorios afectados por la medida.

En determinadas circunstancias excepcionales todavía pueden existir mecanismos de revisión o revocación, pero no sustituyen a los recursos ordinarios ni garantizan que se paralice la expulsión.

¿Cuántos años pueden prohibirme entrar en España?

La prohibición de entrada puede alcanzar, con carácter general, hasta cinco años.

Excepcionalmente, ante amenazas graves legalmente previstas, puede llegar hasta diez años.

Existen supuestos específicos en los que la salida del territorio durante el procedimiento o dentro del plazo de cumplimiento voluntario permite evitar o revocar la prohibición de entrada, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Normativa: artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 y artículo 244 del Real Decreto 1155/2024.

¿Puedo recurrir una expulsión si tengo antecedentes penales?

Sí. La existencia de antecedentes penales no elimina el derecho a recurrir.

Sin embargo, es necesario distinguir entre una expulsión administrativa basada en el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, una expulsión sancionadora por otras infracciones y una expulsión penal acordada conforme al artículo 89 del Código Penal.

Cada una tiene requisitos y vías de defensa diferentes.

¿Qué documentos debo enviar al abogado?

Para valorar la defensa es especialmente importante disponer del acuerdo de iniciación o resolución de expulsión, la fecha de notificación, el pasaporte o documento identificativo y la documentación que acredite las circunstancias personales y familiares.

Si tiene hijos, pareja, trabajo, residencia anterior o solicitudes de regularización, también conviene comunicarlo al abogado.

¿Puede ayudarme MIOPCIONLEGAL ABOGADOS aunque ya haya recurrido y perdido?

Sí.

Podemos estudiar si todavía existen recursos judiciales, medidas cautelares u otras actuaciones jurídicamente viables.

También podemos examinar expedientes antiguos para valorar sus efectos actuales y las posibilidades legales de revisión, revocación o regularización.

No dé por perdido su caso sin conocer las opciones que todavía pueden existir.

Contacte con MIOPCIONLEGAL ABOGADOS y envíenos la documentación de su expediente.

Miopcionlegal Abogados — Defensa jurídica frente a órdenes de expulsión en toda España.