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VIOLENCIA DE GÉNERO, DIVORCIO E HIJOS: ¿Por qué la defensa penal y de familia debe plantearse de forma coordinada?

Una denuncia por violencia de género no siempre abre únicamente un procedimiento penal.

Cuando existe matrimonio, convivencia, hijos menores o una ruptura en curso, una misma situación puede desencadenar simultáneamente diligencias penales, una orden de protección, medidas sobre los hijos, atribución de la vivienda familiar, suspensión o establecimiento de visitas y un procedimiento de separación o divorcio.

La propia legislación española reconoce esta conexión entre ambas materias. La jurisdicción especializada en violencia sobre la mujer puede asumir, cuando concurren los requisitos legales, asuntos civiles relativos al divorcio, relaciones paternofiliales, guarda y custodia, alimentos y otras medidas familiares.

Por eso, cuando un procedimiento penal coincide con una crisis matrimonial, la defensa penal y la estrategia de familia no deberían diseñarse ignorándose mutuamente.

En MIOPCIONLEGAL ABOGADOS como despacho de abogados en Barcelona, abordamos este tipo de asuntos desde una perspectiva coordinada: analizar qué ocurre en el procedimiento penal y, al mismo tiempo, anticipar sus posibles consecuencias sobre el divorcio y, especialmente, sobre los hijos.

UNA DENUNCIA NO EQUIVALE A UNA CONDENA

Este principio debe constituir el punto de partida de cualquier análisis jurídico serio.

El artículo 24.2 de la Constitución Española reconoce expresamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia, junto con los derechos de defensa, asistencia letrada, utilización de los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable.

Por tanto, la existencia de una denuncia no determina automáticamente la culpabilidad del investigado.

Para dictar una sentencia condenatoria debe existir prueba de cargo válida y suficiente, practicada con las garantías procesales correspondientes y valorada racionalmente por el órgano judicial.

El Tribunal Supremo continúa recordando que la presunción de inocencia prohíbe constitucionalmente una condena cuando no existan pruebas de cargo válidas, practicadas con garantías y referidas a los elementos esenciales del delito, de las que pueda inferirse razonablemente la participación del acusado sin recurrir a meras suposiciones. Así lo recoge, entre otras, la STS 2334/2025, de 22 de mayo (ECLI:ES:TS:2025:2334).

Esto resulta aplicable también, naturalmente, a los procedimientos por violencia de género.

¿PUEDE BASTAR ÚNICAMENTE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA PARA CONDENAR?

Sí, puede bastar, pero esta afirmación necesita una explicación jurídica importante.

En numerosos delitos cometidos dentro de la intimidad de una relación no existen testigos presenciales. Por ello, la jurisprudencia admite que la declaración de la víctima pueda constituir prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia.

Pero esto no significa que toda denuncia o declaración determine automáticamente una condena.

El Tribunal Supremo utiliza tradicionalmente determinados parámetros para analizar la fiabilidad del testimonio, entre ellos:

• La credibilidad subjetiva.
• La verosimilitud o credibilidad objetiva del relato.
• La persistencia en la incriminación.
• La coherencia interna de la declaración.
• La existencia, cuando proceda, de elementos periféricos que apoyen objetivamente el relato.

La reciente STS 3995/2025, de 16 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:3995) vuelve a recordar expresamente esta estructura de valoración y señala que la declaración de la víctima puede constituir prueba suficiente siempre que su valoración responda a una estructura lógica que examine precisamente esos parámetros.

Por tanto, desde la perspectiva de la defensa, no basta con afirmar:

«Es su palabra contra la mía».

Hay que analizar jurídicamente la prueba.

CONTRADICCIONES, MENSAJES, TESTIGOS Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS

Una defensa penal eficaz debe estudiar el procedimiento completo.

Entre otras cuestiones, puede ser necesario analizar:

• Las distintas declaraciones prestadas durante el procedimiento.
• Posibles contradicciones relevantes.
• La cronología de los hechos.
• Conversaciones de WhatsApp.
• Audios.
• Correos electrónicos.
• Llamadas.
• Fotografías.
• Testigos.
• Informes médicos.
• Informes periciales.
• Cámaras de seguridad.
• Geolocalizaciones cuando puedan obtenerse lícitamente.
• Comunicaciones anteriores y posteriores a los hechos.
• Cualquier otro elemento objetivo relacionado con la acusación o la defensa.

Pero tampoco debe transmitirse la idea de que cualquier contradicción de la víctima invalida necesariamente su declaración.

El Tribunal Supremo ha señalado que determinadas contradicciones explicables o modificaciones puntuales del relato no implican automáticamente falta de persistencia o credibilidad. La valoración debe realizarse sobre el conjunto de la prueba.

Esta precisión es importante porque una defensa penal profesional debe construirse sobre contradicciones jurídicamente relevantes, no sobre diferencias irrelevantes o meramente accesorias.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E «IN DUBIO PRO REO»

Aunque frecuentemente se utilizan conjuntamente, presunción de inocencia e in dubio pro reo no son exactamente lo mismo.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido por el artículo 24.2 CE y exige la existencia de prueba de cargo válida y suficiente para poder condenar.

El principio in dubio pro reo, por su parte, actúa cuando, después de valorar correctamente la prueba practicada, el órgano judicial mantiene una duda razonable sobre la culpabilidad.

En ese escenario, la consecuencia debe ser absolutoria.

La STS 5027/2025, de 23 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:5027) recuerda que, si el tribunal no alcanza una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, entra en juego el principio in dubio pro reo.

Pero también debe hacerse una precisión importante: este principio no obliga al juez a tener dudas cuando, tras valorar racionalmente una prueba de cargo válida y suficiente, ha alcanzado una convicción de culpabilidad sin duda razonable. La jurisprudencia del Tribunal Supremo diferencia claramente ambas situaciones.

Por tanto, la defensa no consiste simplemente en invocar in dubio pro reo.

Consiste en demostrar por qué la prueba existente no permite alcanzar legítimamente el estándar necesario para una condena.

UNA ABSOLUCIÓN NO SIGNIFICA AUTOMÁTICAMENTE QUE LA DENUNCIA FUERA FALSA

También aquí es necesario ser jurídicamente rigurosos.

Que una persona resulte absuelta por insuficiencia probatoria o porque persiste una duda razonable no significa automáticamente que la denunciante haya cometido un delito de denuncia falsa.

Son cuestiones jurídicamente diferentes.

Una sentencia absolutoria puede obedecer simplemente a que la acusación no ha conseguido acreditar los hechos con el estándar probatorio exigido en Derecho penal.

Por ello, cualquier posible actuación posterior relacionada con una supuesta denuncia falsa debe estudiarse separadamente y conforme a sus propios requisitos.

LA ORDEN DE PROTECCIÓN: CONSECUENCIAS PENALES Y CIVILES INMEDIATAS

Uno de los momentos más importantes del procedimiento puede producirse prácticamente al inicio.

El artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite dictar una orden de protección cuando existan indicios fundados de determinados delitos y concurra una situación objetiva de riesgo que requiera medidas de protección.

La orden puede incorporar medidas penales y civiles.

Entre las medidas civiles pueden encontrarse cuestiones tan importantes como:

• Guarda y custodia.
• Régimen de visitas, comunicación y estancia.
• Ejercicio de la patria potestad.
• Uso de la vivienda familiar.
• Alimentos.
• Otras medidas destinadas a evitar un peligro o perjuicio para los menores.

Esto explica por qué una denuncia presentada durante una ruptura matrimonial puede modificar la situación familiar en cuestión de horas o días.

¿QUÉ OCURRE CON LA CUSTODIA COMPARTIDA?

La existencia de un procedimiento penal puede tener consecuencias directas.

El artículo 92.7 del Código Civil establece que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores se encuentre incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos.

Tampoco procederá cuando el juez advierta, a partir de las alegaciones y pruebas practicadas, indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Por tanto, el procedimiento penal puede tener consecuencias familiares antes incluso de que exista una sentencia penal firme.

Y precisamente por ello la estrategia seguida desde las primeras diligencias puede resultar especialmente relevante.

¿Y EL RÉGIMEN DE VISITAS?

La legislación también contempla importantes limitaciones.

El artículo 94 del Código Civil dispone, en los supuestos previstos legalmente, que no procederá establecer un régimen de visitas o estancia —o que deberá suspenderse el existente— cuando el progenitor esté incurso en determinados procedimientos penales.

Sin embargo, la propia norma contempla que la autoridad judicial pueda establecer motivadamente un régimen de visita, comunicación o estancia atendiendo al interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial, salvo determinados supuestos legalmente excluidos.

Asimismo, el artículo 544 ter LECrim establece reglas específicas cuando los menores hayan presenciado, sufrido o convivido con la violencia, contemplando la suspensión del régimen y la posibilidad excepcional de no acordarla mediante resolución motivada, previa evaluación de la relación paternofilial y atendiendo al interés superior del menor.

Por eso resulta incorrecto afirmar de forma absoluta:

«Si existe una denuncia, automáticamente no volverá a ver a sus hijos».

Pero también sería incorrecto minimizar las consecuencias que un procedimiento penal puede producir sobre la relación parental.

Cada caso exige un análisis individualizado.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIVORCIO: PROCEDIMIENTOS JURÍDICAMENTE CONECTADOS

La conexión entre ambas materias no es únicamente práctica.

Está prevista expresamente por el legislador.

La legislación atribuye a los órganos especializados en violencia sobre la mujer, cuando concurren los requisitos legalmente establecidos, competencia civil sobre materias como:

nulidad matrimonial, separación, divorcio, relaciones paternofiliales, medidas de trascendencia familiar, guarda y custodia y alimentos de hijos menores.

Es decir: nuestro ordenamiento reconoce expresamente que violencia de género y Derecho de familia pueden formar parte de una misma realidad jurídica.

EL PROBLEMA DE UTILIZAR ESTRATEGIAS INDEPENDIENTES

Imagine un procedimiento penal en el que se sostiene una determinada versión sobre:

• cómo era la convivencia;
• quién cuidaba habitualmente de los hijos;
• cuándo terminó realmente la relación;
• quién residía en el domicilio;
• cómo se producían las comunicaciones;
• qué ocurrió determinados días.

Posteriormente comienza el procedimiento de divorcio y se ofrece una versión incompatible con la anterior.

El problema es evidente.

Aunque los procedimientos tengan objetos diferentes, la coherencia de la estrategia jurídica es fundamental.

Por eso resulta especialmente conveniente que el abogado que prepara la defensa penal conozca las consecuencias familiares de cada decisión y que quien plantea las medidas del divorcio conozca exactamente qué está ocurriendo en el procedimiento penal.

LA DEFENSA COORDINADA TAMBIÉN BENEFICIA A LA VÍCTIMA

Este planteamiento no funciona únicamente desde la perspectiva de la persona investigada.

Una víctima de violencia de género puede necesitar simultáneamente:

protección penal, una orden de alejamiento, medidas respecto de sus hijos, atribución de vivienda, alimentos y la tramitación de un divorcio.

En ese supuesto, una estrategia coordinada permite que las medidas solicitadas en el procedimiento penal tengan continuidad y coherencia con las que posteriormente deban plantearse en el procedimiento de familia.

El artículo 544 ter LECrim prevé precisamente esta interacción entre protección penal y medidas civiles.

¿POR QUÉ UNA DEFENSA CONJUNTA PENAL Y DE FAMILIA PUEDE SER ESPECIALMENTE IMPORTANTE?

En MIOPCIONLEGAL ABOGADOS, como despacho de abogados especializado en Derecho penal y derecho de familiar en Barcelona, consideramos especialmente importante estudiar conjuntamente ambas vertientes cuando un conflicto de pareja ha generado simultáneamente un procedimiento penal y una ruptura matrimonial.

No porque ambos procedimientos sean iguales.

Precisamente porque son diferentes, pero pueden afectarse mutuamente.

Una estrategia coordinada permite analizar conjuntamente:

• La declaración del investigado.
• Las pruebas disponibles.
• Las medidas cautelares.
• Una posible orden de protección.
• El domicilio familiar.
• La custodia.
• Las visitas.
• Los alimentos.
• El procedimiento de divorcio.
• Las consecuencias futuras de una eventual sentencia penal.
• El interés superior de los menores.

Y, sobre todo, permite evitar que una decisión tomada precipitadamente en un procedimiento perjudique innecesariamente la posición jurídica del cliente en el otro.

SI EXISTE UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO, DEBE CUMPLIRSE

Este punto merece una advertencia específica.

Si existe judicialmente una prohibición de aproximación o comunicación, debe respetarse estrictamente.

No debe contactarse con la otra persona para «arreglarlo», discutir sobre la denuncia o intentar solucionar directamente cuestiones relacionadas con los hijos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite imponer cautelarmente prohibiciones de aproximación y comunicación, y su incumplimiento puede generar nuevas consecuencias penales.

Cuando existen hijos comunes deben utilizarse las vías jurídicas adecuadas para gestionar las comunicaciones y relaciones familiares.

LA IMPORTANCIA DE ACTUAR DESDE EL PRIMER MOMENTO

En estos procedimientos las primeras decisiones pueden tener efectos que se prolonguen durante meses.

Antes de declarar, aceptar determinadas medidas, contactar con la otra parte o iniciar precipitadamente un divorcio, es conveniente estudiar:

qué procedimiento penal existe, qué pruebas hay, qué medidas se solicitan, qué situación tienen los hijos y qué estrategia familiar deberá seguirse después.

Una buena defensa penal no debería descubrir meses después que una decisión adoptada durante las primeras diligencias perjudicó innecesariamente el procedimiento de familia.

Y una buena estrategia de divorcio tampoco debería ignorar lo que está sucediendo en el procedimiento penal.

MIOPCIONLEGAL ABOGADOS: ESTRATEGIA PENAL Y FAMILIAR COORDINADA

Cuando una denuncia por violencia de género coincide con una separación, divorcio o conflicto sobre hijos menores, en MIOPCIONLEGAL ABOGADOS podemos estudiar conjuntamente ambas vertientes del asunto.

Defendemos los derechos de nuestros clientes con absoluto respeto tanto a la protección que nuestro ordenamiento reconoce a las víctimas como a las garantías fundamentales de toda persona investigada, entre ellas la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la exigencia de prueba de cargo suficiente para una condena.

Porque en este tipo de procedimientos no basta con preguntarse:

«¿Qué ocurrirá con la denuncia?»

También hay que preguntarse:

«¿Qué ocurrirá con el divorcio, la vivienda y, sobre todo, con los hijos?»

Una estrategia jurídica coordinada permite abordar el conflicto completo desde el principio.

PREGUNTAS FRECUENTES:

1. ¿Qué hago si me han denunciado por violencia de género en España?

Lo primero es no declarar precipitadamente sin conocer la acusación y haber hablado con su abogado. Toda persona investigada tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, examinar las actuaciones en los términos legales, designar abogado, guardar silencio, no declarar contra sí misma y no confesarse culpable.

Fundamento jurídico: art. 24.2 de la Constitución Española y art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. ¿Una denuncia por violencia de género significa que voy a ser condenado?

No. Una denuncia no equivale a una condena. El acusado mantiene su derecho fundamental a la presunción de inocencia y corresponde a la acusación aportar prueba de cargo válida y suficiente para destruirla.

El Tribunal Supremo controla precisamente que una condena esté sustentada en prueba incriminatoria suficiente, obtenida lícitamente y practicada con las garantías de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción.

Fundamento jurídico: art. 24.2 CE.

3. ¿Me pueden condenar únicamente con la declaración de mi pareja o expareja?

Sí, puede ocurrir. La declaración de la víctima puede constituir por sí misma prueba de cargo suficiente, pero debe ser sometida a una valoración judicial especialmente cuidadosa.

El Tribunal Supremo utiliza como parámetros orientativos la credibilidad subjetiva, la verosimilitud o credibilidad objetiva y la persistencia en la incriminación. Además, aclara que la deficiencia de uno de estos parámetros no invalida automáticamente el testimonio. STS 3233/2024, de 6 de junio.

La STS 4327/2020, de 26 de noviembre, desarrolla también estas cautelas cuando el testimonio de la víctima constituye la única prueba de cargo.

4. ¿Qué significa in dubio pro reo en una denuncia por violencia de género?

Significa que si, después de valorar toda la prueba, el tribunal mantiene dudas sobre la culpabilidad, debe absolver.

No significa que el juez esté obligado a dudar. El Tribunal Supremo distingue entre presunción de inocencia e in dubio pro reo: la primera exige prueba de cargo suficiente; el segundo determina qué debe hacerse cuando, valorada la prueba, persiste la duda.

La STS 1424/2024, de 6 de marzo, lo resume claramente: in dubio pro reo no obliga a dudar, sino a absolver cuando subsisten dudas sobre la culpabilidad.

5. ¿Qué puedo hacer si considero que la denuncia de violencia de género es falsa?

La prioridad debe ser defenderse de la acusación existente y conservar las pruebas que puedan demostrar lo ocurrido: conversaciones completas, audios obtenidos lícitamente, testigos, documentación, ubicaciones, fotografías u otros elementos relevantes.

Además, una absolución no significa automáticamente que haya existido una denuncia falsa. El delito de acusación o denuncia falsa tiene sus propios requisitos y debe analizarse separadamente.

6.¿Las contradicciones de la denunciante pueden provocar una absolución?

Pueden ser relevantes, pero no toda contradicción destruye automáticamente la credibilidad de una declaración.

La defensa debe analizar si afectan a elementos esenciales del relato, su persistencia y coherencia, y contrastarlas con los restantes elementos probatorios. El Tribunal Supremo considera la persistencia en la incriminación uno de los parámetros de valoración del testimonio, pero ha señalado que estos criterios son orientativos y deben valorarse conjuntamente. STS 3233/2024.

7. ¿Puedo aportar conversaciones de WhatsApp como prueba?

Sí, pueden utilizarse como prueba, pero su autenticidad, integridad y contexto pueden ser discutidos durante el procedimiento.

Por ello, es preferible conservar la conversación completa y el dispositivo original. Una captura aislada puede no reflejar adecuadamente el contexto y, si la otra parte impugna su autenticidad, puede resultar necesario acreditar su origen mediante otros medios probatorios.

8. ¿Puedo negarme a declarar si me han denunciado?

Sí. Una persona investigada tiene derecho a guardar silencio, no contestar determinadas preguntas, no declarar contra sí misma y no confesarse culpable.

Ejercer este derecho no supone admitir los hechos.

La decisión sobre declarar inmediatamente o esperar debe formar parte de la estrategia de defensa después de conocer suficientemente la acusación y las pruebas existentes.

Fundamento: arts. 24.2 CE y 118 LECrim.

9. ¿Una denuncia implica automáticamente una orden de alejamiento?

No.

El art. 544 ter LECrim exige, para la orden de protección, indicios fundados de la comisión de determinados delitos y una situación objetiva de riesgo que haga necesaria la adopción de medidas de protección. La decisión corresponde al juez después del procedimiento legalmente previsto.

Por tanto:

denuncia ≠ orden de alejamiento ≠ condena.

Son momentos jurídicos diferentes.

10. ¿Qué medidas pueden adoptar después de una denuncia por violencia de género?

Dependiendo del caso pueden adoptarse medidas penales de protección y también medidas civiles.

El art. 544 ter LECrim permite que la orden de protección integre medidas cautelares penales y civiles. Cuando existen menores, el juez debe pronunciarse en los supuestos establecidos legalmente sobre las medidas necesarias para su protección.

Esto explica por qué un procedimiento aparentemente penal puede afectar rápidamente a vivienda, hijos, custodia, visitas y alimentos.

11. ¿Puedo hablar con mi pareja si existe una orden de alejamiento?

Si la resolución prohíbe la comunicación, no debe hacerlo.

Debe respetarse exactamente el contenido de la medida judicial. Su incumplimiento puede constituir un delito de quebrantamiento.

El art. 468.2 CP castiga específicamente el quebrantamiento de determinadas penas y medidas cautelares impuestas en procedimientos relativos a las personas contempladas en el art. 173.2 CP con prisión de seis meses a un año.

12. ¿Y si es mi expareja quien me llama teniendo yo una orden de alejamiento?

No debe asumir que puede responder simplemente porque sea ella quien haya iniciado el contacto.

Una medida judicial permanece vigente hasta que el órgano competente la modifique o deje sin efecto. Por ello, ante cualquier duda sobre su alcance debe consultarse la resolución y evitar actuaciones que puedan interpretarse como quebrantamiento.

13. ¿Qué ocurre si la denunciante quiere retirar la denuncia?

No significa necesariamente que el procedimiento termine.

Una vez que los hechos están siendo investigados, la continuación del procedimiento no depende exclusivamente de la voluntad de la denunciante.

Además, la posibilidad de acogerse a la dispensa de declarar por razón de parentesco o relación de pareja tiene una regulación específica en el art. 416 LECrim, con sus correspondientes límites y excepciones.

Por tanto, «retirar la denuncia» y «terminar el procedimiento» no son jurídicamente sinónimos.

14. ¿Una denuncia por violencia de género puede afectar a la custodia compartida?

Sí, de manera muy importante.

El art. 92.7 del Código Civil establece que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en determinados procesos penales por hechos contra el otro progenitor o los hijos. También contempla el supuesto en que el juez advierta indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Por eso una denuncia penal y un procedimiento de custodia no deberían gestionarse como dos asuntos completamente independientes.

15. ¿Puedo seguir viendo a mis hijos si estoy denunciado por violencia de género?

Dependerá del procedimiento penal, de las medidas existentes y, fundamentalmente, del interés superior del menor.

El art. 94 CC establece restricciones importantes al régimen de visitas en determinados procedimientos penales, aunque contempla decisiones judiciales motivadas en los términos establecidos por la propia norma.

Asimismo, el art. 544 ter LECrim permite adoptar medidas civiles relacionadas con menores dentro de la orden de protección.

Por tanto, una denuncia no permite responder automáticamente ni “sí” ni “no”: hay que estudiar las resoluciones existentes.

16. ¿La orden de alejamiento respecto de mi pareja incluye automáticamente a mis hijos?

No necesariamente. Hay que examinar el contenido exacto de la resolución judicial.

La medida puede referirse a determinadas personas, lugares, distancias y formas de comunicación. Paralelamente pueden haberse adoptado medidas civiles específicas respecto de los hijos.

Nunca debe interpretarse una orden de alejamiento únicamente por lo que verbalmente hayan explicado las partes.

17. ¿Qué ocurre con la vivienda familiar?

Una orden de protección puede incorporar medidas civiles relativas al uso y disfrute de la vivienda familiar, además de las medidas penales que puedan adoptarse para proteger a la víctima.

El art. 544 ter.7 LECrim contempla expresamente medidas civiles dentro de la orden de protección.

Posteriormente habrá que coordinar estas medidas con el procedimiento matrimonial correspondiente.

18. ¿Puedo divorciarme, aunque exista un procedimiento por violencia de género?

Sí. El procedimiento penal no impide necesariamente tramitar la ruptura matrimonial.

Sin embargo, la existencia de violencia de género puede afectar a qué órgano judicial resulta competente, además de condicionar las decisiones sobre custodia, visitas, vivienda y otras medidas familiares.

Esta es precisamente una de las razones por las que resulta conveniente coordinar desde el principio la estrategia penal + familia.

19. ¿Por qué puede ser importante que el mismo despacho lleve violencia de género y divorcio?

Porque aunque sean procedimientos distintos, los hechos y sus consecuencias están profundamente relacionados.

Una declaración sobre convivencia, hijos, domicilio, comunicaciones o ruptura realizada en el procedimiento penal puede tener posteriormente relevancia en el procedimiento de familia.

Una defensa coordinada permite trabajar conjuntamente:

procedimiento penal + orden de protección + divorcio + custodia + visitas + vivienda + alimentos.

No se trata de confundir jurisdicciones, sino de evitar estrategias contradictorias entre procedimientos conectados.

20. ¿Qué ocurre si ya había iniciado el divorcio y después aparece una denuncia?

Debe comunicarse inmediatamente al abogado que esté tramitando el procedimiento familiar.

La existencia posterior de determinadas actuaciones por violencia de género puede tener consecuencias procesales y competenciales, además de afectar a las medidas que se estén discutiendo respecto de hijos y vivienda.

Por ello, el procedimiento civil no debe continuar ignorando lo ocurrido en la jurisdicción penal.

21. ¿Puedo solicitar el archivo de una denuncia por violencia de género?

Sí. La defensa puede interesar el sobreseimiento cuando jurídicamente proceda, por ejemplo cuando la investigación no proporcione elementos suficientes para justificar la continuación del procedimiento contra una persona.

No todos los procedimientos que comienzan con una denuncia terminan en juicio y no todos los que llegan a juicio terminan en condena.

La estrategia debe valorar desde la instrucción si existen fundamentos para solicitar el archivo.

22. ¿Qué pruebas debería conservar si estoy atravesando una separación conflictiva?

Conviene preservar lícitamente conversaciones completas, correos electrónicos, fotografías, documentación, comunicaciones relativas a los hijos, posibles testigos y demás elementos objetivos relacionados con los hechos.

No deben manipularse mensajes ni crearse artificialmente pruebas.

En procedimientos donde las versiones de las partes son contradictorias, los elementos periféricos objetivos pueden adquirir una importancia considerable para valorar la credibilidad de los relatos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo los contempla precisamente dentro del análisis de la verosimilitud del testimonio.

23. ¿Una absolución significa que la denunciante mintió?

No.

Una persona puede resultar absuelta porque la prueba practicada no haya alcanzado el estándar necesario para destruir la presunción de inocencia o porque persista una duda razonable.

La STS 1424/2024 recuerda que, cuando después de valorar la prueba persisten dudas sobre la culpabilidad, debe operar el in dubio pro reo.

Eso no equivale automáticamente a demostrar que la persona denunciante inventó conscientemente los hechos.

24. ¿Qué diferencia existe entre presunción de inocencia e in dubio pro reo?

La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el art. 24.2 CE: nadie puede ser condenado sin prueba de cargo válida y suficiente.

El in dubio pro-reo opera en la valoración de la prueba: si después de valorarla persiste una duda sobre la culpabilidad, la decisión debe favorecer al acusado.

Como explica la STS 5027/2025, de 23 de octubre, procede la absolución cuando no se alcanza una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable.

25. ¿Es verdad que en violencia de género se condena siempre dando la razón a la denunciante?

No. Jurídicamente no existe una presunción de culpabilidad del denunciado.

La declaración de la víctima puede constituir prueba suficiente, pero corresponde al tribunal valorar racionalmente su credibilidad y el conjunto de la prueba, respetando en todo momento la presunción de inocencia del acusado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige precisamente analizar credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia cuando se valora el testimonio de la víctima, especialmente cuando constituye la prueba esencial de cargo.

26. ¿Necesito abogado si me citan en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barcelona?

Sí, la asistencia letrada resulta esencial para la persona investigada y la víctima también tiene reconocidos derechos específicos de asistencia jurídica.

Desde la perspectiva de la defensa, el art. 118 LECrim reconoce expresamente el derecho a designar abogado desde que se atribuye a una persona un hecho punible y el derecho a examinar las actuaciones en los términos legalmente establecidos.

Cuando además existe un divorcio o hijos menores, es recomendable analizar desde ese mismo momento las posibles consecuencias familiares.

27. ¿Cuándo debería contactar con un abogado especialista en violencia de género en Barcelona?

Lo antes posible si existe una denuncia, citación policial o judicial, detención, solicitud de orden de protección, orden de alejamiento o un conflicto que pueda afectar a sus hijos.

En estos procedimientos pueden adoptarse medidas penales y civiles desde fases muy tempranas. El art. 544 ter LECrim permite precisamente integrar en una orden de protección medidas de ambos tipos.

Por eso, cuando además existe separación o divorcio, en MIOPCIONLEGAL ABOGADOS podemos estudiar conjuntamente la defensa penal y sus consecuencias familiares, evitando que una decisión adoptada en un procedimiento perjudique innecesariamente al otro.

En Derecho, un pequeño detalle puede cambiar su historia.